Once estados incumplen el mandato constitucional de proteger a sus poblaciones en materia de seguridad vial: Coalición por la Movilidad Segura
Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas aún no han armonizado sus leyes estatales.
Se observa que los gobiernos mexicanos de todos los partidos políticos continúan vulnerando el derecho a la movilidad segura con decisiones, obras públicas y gestión contrarias al interés público.
En el marco de la Octava Semana Mundial para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas, las 116 organizaciones mexicanas que conforman la Coalición por la Movilidad Segura se reunieron en la Ciudad de México durante la Primera Reunión Nacional de dicha organización, con el compromiso de fortalecer su trabajo para garantizar el derecho humano a la movilidad «en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad», consagrado en el Artículo 4 de la Constitución.
En conferencia de prensa, representantes de la Coalición por una Movilidad Segura abordaron temas urgentes de seguridad vial, una deuda que sigue costando vidas y exacerbando las desigualdades en nuestro país:
La agenda de seguridad vial sigue siendo una emergencia desatendida, que cobra la vida de aproximadamente 16,000 mexicanos cada año y provoca accidentes de tránsito prevenibles.
Dos años después de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y cinco años después de la reforma constitucional, aún vemos cómo los gobiernos mexicanos incumplen su obligación de garantizar el derecho a una movilidad segura.
Es inaceptable que, a pesar del mandato de mayo de 2022, 11 congresos locales aún no hayan armonizado sus leyes estatales para alinearse con la LGMSV.
Los estados que aún no han abordado esta responsabilidad prioritaria de salvar vidas son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, cuyos congresos presentan un retraso de más de dos años.
“La armonización legislativa no es un proceso burocrático; es la base para que todos los niveles de gobierno asuman responsablemente la tarea de construir entornos seguros para la vida.
Mientras las leyes estatales no incluyan los 57 elementos clave de seguridad vial previstos en la Ley General, seguirá existiendo un vacío que permite omisiones y deja a millones de personas en la indefensión.
Esta situación contraviene el espíritu de justicia y transformación que guía nuestra vida pública. Los delegados de los 11 estados restantes hacen un llamado a los congresos y gobernadores, así como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a #ArmonicemosYA para salvar vidas”, declaró Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx.
El uso de motocicletas está creciendo rápidamente en todo el país, y los accidentes viales que afectan a los conductores se están convirtiendo en una verdadera crisis de salud pública en México, tanto en zonas urbanas como rurales.
Este fenómeno, que ya impacta directamente a los sistemas de salud, a las familias y a la economía del país, se está agravando debido a vacíos legales, limitaciones institucionales y omisiones gubernamentales que se han tolerado durante años.
Es urgente abordar este problema mediante la regulación y de manera integral”, afirmó Valentina Ochoa, de la Incubadora de Promoción de la Salud Global, quien instó a los tres niveles de gobierno a actuar con responsabilidad para proteger la vida de quienes se desplazan en motocicleta.
El uso de vehículos de micromovilidad, como bicicletas y patinetes eléctricos, ha crecido significativamente en zonas urbanas y periféricas. Sin embargo, esta transformación en la movilidad se enfrenta a la falta de una regulación clara, lo que expone a quienes se desplazan de esta manera y a los usuarios de la vía pública a riesgos innecesarios.
«Es hora de establecer un marco regulatorio que reconozca, regule y proteja estos modos de transporte, priorizando la equidad territorial y la atención a la movilidad», afirmó Areli Carreón, de Bicitekas, AC.
A pesar del alto riesgo que representan los accidentes viales, en varios estados una parte significativa del parque vehicular, incluyendo automóviles particulares, motocicletas y unidades de transporte público, circula sin seguro a terceros.
Esta falta de cobertura agrava el impacto económico y social de los accidentes, especialmente para las familias de bajos ingresos y para los servicios de salud pública. «Es urgente garantizar la aplicación efectiva del seguro obligatorio en todo el país, como medida de justicia social y protección integral para las víctimas, las instituciones y las comunidades», afirmó Armando Pliego, de Céntrico.
En muchos estados del país, los servicios de atención prehospitalaria son inexistentes o insuficientes, lo que significa que una persona lesionada en un accidente vial puede tardar horas en recibir atención médica, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.
“No puede haber justicia social sin un sistema de emergencia que responda con eficacia y dignidad a una emergencia”, afirmó Alma Chávez Guth de VIVIAC, AC y presidenta de FICVI.
El transporte público es una herramienta esencial para garantizar el acceso a derechos como la educación, la salud y el empleo, especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en muchos estados, los vehículos que prestan este servicio no cumplen con los estándares mínimos de seguridad estipulados en la NOM-194.
En el caso de los vehículos ligeros, estos presentan frenos deficientes, cinturones de seguridad inexistentes (específicamente, taxis y camionetas) y son obsoletos, lo que pone en riesgo la vida de sus pasajeros y otros usuarios de la vía. Esta situación se ve agravada por la falta de una norma de inspección físico-mecánica obligatoria para todos los vehículos, independientemente de su uso.
“Garantizar la seguridad vehicular en el transporte público es una medida urgente de justicia social, en particular para quienes dependen de él y carecen de alternativas de movilidad seguras. Por lo tanto, solicitamos con urgencia la actualización del marco regulatorio de conformidad con la LGMSV”, declaró Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor.
Desafortunadamente, la protección de los niños en vehículos privados aún no es una prioridad en las políticas públicas. La falta de uso de sistemas de retención infantil sigue costando vidas cada año. Ninguna ley ni política pública de seguridad vial estará completa sin garantizar la seguridad infantil en cada viaje, afirmó Alma Cruz de MUNLI.